Marcela es asistente social en la dirección de desarrollo comunitario de un municipio de la provincia de Concepción. Tiene que entregar el viernes veinte informes sociales para un programa de ayuda, y sus notas de visita están escritas a mano y a la rápida: «vive con su madre postrada, cuatro meses sin pagar la luz, ingreso informal vendiendo pan, el hijo mayor dejó el liceo». Una colega le dice que un chat de IA le ordena eso en minutos.
Puede que sí. Pero la ficha social de un vecino, en manos de un municipio, tiene reglas propias.
Lo que cambia cuando el responsable es un órgano público
Para la Ley 21.719, un municipio es un órgano público, y los órganos públicos tienen un título entero de la ley: el Título IV, artículos 20 a 25.
La primera diferencia juega a favor del municipio. El artículo 20 dice que el tratamiento de datos que hace un órgano público es lícito cuando lo hace para cumplir sus funciones legales, dentro de su competencia, y que en esas condiciones no necesita el consentimiento de la persona. Marcela no tiene que pedirle permiso a la vecina para escribir su informe social.
La segunda diferencia es la que importa al usar IA. El artículo 21 dice que al órgano público se le aplican los principios del artículo 3° y los de la administración del Estado, y enumera los artículos de la parte general que también rigen para él. Entre ellos están el deber de secreto (14 bis), el de seguridad (14 quinquies), el de reportar vulneraciones (14 sexies), el contrato con el encargado (15 bis), las reglas de los datos sensibles y las de transferencia internacional. Que no haga falta consentimiento no significa que no haya reglas.
La ficha social es, casi entera, dato sensible
La ley pone la situación socioeconómica en su lista de datos sensibles (artículo 2°, letra g). Una ficha social existe precisamente para describirla: ingresos, deudas, vivienda, quién trabaja y quién no. Y casi siempre trae, de pasada, datos de salud («su madre postrada»), que también son sensibles. Lo explicamos en la situación socioeconómica, el dato sensible que nadie ve.
Además, el artículo 46 obliga a los funcionarios que tratan datos personales, y especialmente datos sensibles, a guardar secreto sobre lo que conocen en su cargo y a no usarlo para una finalidad distinta de las funciones del órgano. La misma ley dice que infringir ese deber vulnera gravemente el principio de probidad administrativa.
Qué necesita la IA para ordenar un informe social
Lo que Marcela necesita de la IA es forma: ordenar sus notas, redactar en lenguaje claro, seguir la estructura del informe. Para eso, el nombre, el RUT y la dirección de la familia no aportan nada.
Ejemplo. En vez de pegar su nota tal cual, Marcela escribe: «Hogar de tres personas: jefa de hogar con ingreso informal, madre dependiente postrada, hijo de 17 años fuera del sistema escolar. Deuda de servicios básicos de cuatro meses. Redacta la sección de diagnóstico social con estos antecedentes».
Pero en una comuna tapar el nombre no siempre basta. «La señora de la villa que vende pan en la esquina del consultorio y cuida a su mamá postrada» identifica a alguien aunque no lleve nombre: en el barrio todos saben quién es. La ley considera identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente (artículo 2°, letra f). Lo que se escribe importa tanto como lo que se tapa.
Con qué herramienta y quién responde
Si el municipio usa un chat de IA, quien procesa los datos por cuenta de él es un encargado, y el artículo 21 le aplica el 15 bis: tiene que haber un contrato que diga el objeto del encargo, la finalidad, el tipo de datos y de quiénes son. Si los modelos corren fuera de Chile, se aplican las reglas de transferencia internacional (artículo 27). Con la cuenta personal de una funcionaria no hay contrato, y el municipio no sabe qué fichas salieron.
Cuando un órgano público infringe la ley, la sanción recae en su jefe superior, que es quien debe velar por que el órgano cumpla: una multa del 20 % al 50 % de su remuneración mensual (artículo 44). Si se trata de datos sensibles, como en una ficha social, la multa es del 50 % y puede haber suspensión del cargo de hasta treinta días. Y si hay responsabilidad de funcionarios, la Contraloría, a petición de la Agencia, abre una investigación sumaria (artículo 45). Lo desarrollamos en calificaciones de funcionarios públicos e IA, y el caso de las cuentas personales en funcionarios públicos con cuentas personales de IA.
No es para asustar a nadie: es para entender por qué la decisión de qué herramienta se usa con la ficha social no puede quedar en cada funcionaria. La tiene que tomar el municipio.
Dónde ayuda Plumii
En Plumii, la regla que pone quien administra tapa nombres, RUT, correos, teléfonos y direcciones antes de que el mensaje llegue al modelo. La situación socioeconómica y la salud no las reconoce: «deuda de servicios básicos» y «madre postrada» llegan al modelo, aunque sin el nombre. Y, como en el ejemplo de la villa, una descripción muy precisa puede identificar a alguien igual. Plumii trabaja como encargado bajo contrato y deja un registro de uso, sin las conversaciones, con qué datos traía cada mensaje y qué regla se aplicó. Así funciona.
Este artículo es información general, no asesoría legal. El texto oficial de la ley está en la Biblioteca del Congreso Nacional.