Marcela es analista en el área de licencias médicas de una caja de compensación, en Santiago. Por su equipo pasan miles de licencias al mes. La gerencia le pide para el jueves un informe de por qué subieron los tiempos de tramitación en la Región del Biobío. Tiene una exportación del sistema con folio, RUT, empleador, fechas, días y diagnóstico codificado, y piensa en subirla a un chat de IA para que le encuentre los patrones.
Una empresa cualquiera recibe una licencia de vez en cuando; lo vemos en Licencias médicas e IA. Una caja de compensación o una mutual tramitan licencias como parte de su giro, para miles de personas que ni siquiera son sus trabajadores. Lo que cambia la respuesta es la escala.
La base de licitud no suele ser el problema
Los datos de una licencia son datos de salud, y para la Ley 21.719 son datos sensibles (artículo 2°, letra g). Pero una entidad que tramita licencias tiene de dónde agarrarse para tratarlos sin pedir consentimiento a cada persona. El artículo 16 permite tratar datos sensibles cuando hace falta para cumplir obligaciones en el ámbito laboral o de seguridad social, en el marco de la ley (letra e). Y el artículo 16 bis, que regula los datos de salud, permite tratarlos sin consentimiento para la «evaluación de la capacidad laboral del trabajador» o la «gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social» (letra e), y cuando una ley lo permite indicando expresamente la finalidad (letra f). El resto lo definen las normas propias del sector.
El problema, a esta escala, está en otro lado: en el para qué y en el cuánto.
La finalidad amarra el dato
El artículo 16 bis dice que los datos de salud sólo pueden tratarse para los fines previstos por las leyes especiales en materia sanitaria. Y el principio de finalidad dice que los datos no se usan para fines distintos de aquellos para los que se recogieron, salvo los casos que la ley permite (artículo 3°, letra b).
Esto importa más en una organización que, además de tramitar licencias, ofrece otros productos y beneficios. El dato de una licencia se recogió para tramitarla y pagarla. Usarlo para cualquier otra cosa —ofrecer un producto, segmentar a los afiliados— es tratarlo con una finalidad distinta, que la ley califica como infracción grave (artículo 34 ter, letra a), y hacerlo maliciosamente, como gravísima (artículo 34 quáter, letra b).
La escala trae deberes propios
- Evaluación de impacto. El artículo 15 ter la exige siempre, antes de empezar, cuando hay tratamiento masivo o a gran escala (letra b) y cuando se tratan datos sensibles en las hipótesis de excepción del consentimiento (letra d). No hacerla cuando corresponde está entre las infracciones gravísimas (artículo 34 quáter, letra k). Un proyecto nuevo que lleve datos de licencias a una herramienta de IA es exactamente el tipo de cambio que esa evaluación tiene que mirar.
- Seguridad. Entre las medidas que la ley menciona están la seudonimización y el cifrado (artículo 14 quinquies, letra a).
- Filtraciones. Si una vulneración de seguridad afecta datos sensibles, además del reporte a la Agencia hay que avisar a cada titular; si no es posible, con un aviso en un medio de comunicación masivo de alcance nacional (artículo 14 sexies). Lo que se hace ese día está en Una filtración de datos.
- El monto de una multa. La Agencia considera el número de titulares afectados y si había datos sensibles (artículo 37).
El informe de Marcela, sin casos individuales
La pregunta de la gerencia es de patrones: por qué se demora más el Biobío. Para eso no hace falta saber de quién es cada licencia ni qué diagnóstico tenía. Basta con los totales: licencias por semana, por comuna, por tipo de empleador, con su tiempo promedio de tramitación. Es el principio de proporcionalidad (artículo 3°, letra c).
Ejemplo. Marcela arma primero una tabla resumen en su planilla: «Biobío, septiembre: 4.120 licencias, 9,4 días promedio de tramitación; agosto: 3.870, 6,1 días. El 38 % del alza se concentra en empleadores de menos de 10 trabajadores». Le pide a la IA que le ayude a redactar el informe y a proponer hipótesis con esos números. Ningún RUT ni diagnóstico sale de la caja.
Si el análisis necesita bajar a registros individuales, la ley ofrece una herramienta: la seudonimización, que deja los datos de forma que ya no se pueden atribuir a una persona sin información adicional, guardada por separado y protegida (artículo 2°, letra l). Por ejemplo, reemplazar el RUT por un código interno cuya tabla de equivalencias nunca sale del sistema.
Y la herramienta de IA es un encargado: necesita contrato (artículo 15 bis), y si los modelos corren fuera de Chile, es una transferencia internacional (artículo 27), lo que tiene su propia explicación en Cuando los datos salen de Chile.
Dónde entra Plumii
Plumii no es un sistema para procesar licencias: es un chat de IA que sirve para redactar el informe a partir de los totales, con contrato de encargo y registro de uso. Con la plantilla de partida, nombres y RUT se tapan antes de llegar al modelo, pero el filtro no reconoce los datos sensibles: un diagnóstico o un código de diagnóstico llegan, sin el nombre. Y si se sube una exportación como archivo, un modelo distinto al del chat la lee entera una vez, tal cual y sin la regla, para poder buscar en ella. Por eso una exportación con casos individuales no se sube. Más en privacidad por diseño.
Este artículo es información general, no asesoría legal. El texto oficial de la ley está en la Biblioteca del Congreso Nacional.